El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago, con el que se transpone la Directiva 2015/2366, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre. Esta nueva regulación articula un marco integrado de este tipo de servicios en la Unión Europea y pretende dar respuesta a los cambios surgidos en la operativa con tarjetas de pago en internet o móviles, así como ampliar la seguridad en pagos electrónicos. La Directiva incorpora distintas novedades en el sector, como la introducción de nuevos operadores, los servicios de iniciación de pagos o los agregadores de cuentas, dando acceso a estos a la operativa online de las entidades financieras, todo ello, con la pertinente autorización del cliente. De la misma forma, se determina una identificación reforzada del cliente en el acceso online a cuentas y minora de 150 euros a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente debe asumir en el supuesto de que se produzca una operación de pago no autorizada como consecuencia del extravío o robo de este instrumento de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno ha decidido también incorporar la obligación de todo empresario o profesional de poner a disposición de los consumidores la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago sujeto a dicha Ley, como alternativo al dinero en efectivo, en transacciones cuyo importe supere la cantidad de los 30 euros.
